Durante la última semana en México se han dado cambios, y medidas un tanto contradictorias en materia energética. Por un lado, se presentó una propuesta de reforma energética donde se establece una cierta exclusividad a la nación sobre este importante recurso, destinando un 54% de la demanda energética a la CFE, quien no tiene la capacidad de producción, y en buena medida utiliza fuentes fósiles. Asimismo, se propone eliminar a las entidades reguladoras que ayudan a mejorar la competencia económica del sector.
Esta reforma sin duda marca un retroceso importante para el logro de México sobre los acuerdos de Paris en términos de reducción de emisiones de CO2. No obstante, a los huecos legales sobre la regulación misma, la creación del monopolio (restringiendo la libre competencia), la restricción en el uso de energías renovables tales como solar o eólica, y la falta de capacidades técnicas que hoy mismo ya presenta la CFE produciendo numerosos apagones.
Nos quedan muchas preguntas por resolver sobre esta propuesta de Reforma. Por ejemplo, ¿Cómo se elige y soporta un porcentaje de 54% de participación para CFE en generación eléctrica?, ¿Cómo garantizan qué más de la mitad de la energía eléctrica demandada en el país cumpla con la calidad, precio y limpieza del abasto eléctrico? ¿Cómo la misma compañía qué será la proveedora de más de la mitad del servicio eléctrico del país velará auténticamente por los intereses del consumidor en precio y calidad?
Por otro lado, existen compromisos importantes en términos de cambio climático. Por ejemplo, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) se ha marcado como objetivo la reducción de 8.7% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. En su plan 2021-2024 se establece que “la descarbonización de la economía mexicana definirá la trayectoria del país a corto, y mediano plazo, acelerando la transición energética con inclusión social, la co-creación de capacidades, y la resiliencia de las comunidades más vulnerables.”
P.
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